Las micro y pequeñas empresas (mypes) son parte importante del tejido empresarial en el país. De acuerdo con cifras de la Enaho, en 2021, las mypes representaron el 96% de las empresas peruanas y emplearon un 43% de la PEA. Además, estas unidades de negocio registraron ventas anuales por S/ 107,945 millones, monto que equivale al 12% del PBI. En este contexto, resulta de especial interés analizar con mayor profundidad el sector servicios, pues concentra cerca del 50% del total de las mypes a nivel nacional. 

Es importante mencionar que el índice de capacidad formal (ICF), elaborado por ComexPerú, es un instrumento elaborado con datos de la Enaho, que monitorea y permite una evaluación anual y rigurosa de las capacidades que tienen las mypes para formalizarse, según sus más importantes características empresariales[1]. Así, se permite evaluar qué tan propensa es una mype a estar registrada en la Sunat, lo cual es una ventaja frente a un indicador directo de formalización que podría estar subestimado. En 2021, se registró un índice promedio de 0.24 a nivel nacional; sin embargo, al desagregar por sector al que se dedican los negocios, observamos que las mypes de producción alcanzaron un índice de 0.29; las de comercio, un índice de 0.25; y las de servicios son las que se encuentran más rezagadas, con un 0.22.

Como se observa, las mypes dedicadas a la producción de bienes muestran un mayor nivel de capacidad formal con respecto al resto de sectores. Si bien dicha estructura se ha mantenido desde 2007, según las cifras estandarizadas, las mypes dedicadas al comercio mostraron un nivel del índice por debajo del promedio nacional hasta 2016; situación que se revirtió en 2017. Por su parte, las mypes de servicios se encuentran por debajo del promedio nacional a lo largo de los años. Además, en 2021, mientras las mypes dedicadas a la producción incrementaron su ICF (+5.1%), las de comercio y servicios lo han reducido en un -3.6% y un -4.5%, respectivamente. Esto significa que los negocios dedicados a estos dos últimos rubros han visto limitados sus incentivos para formalizarse.

IMPULSAR LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES

Si bien es cierto que las mypes de servicios son las que concentran el mayor número de negocios a nivel nacional, también son las que presentan el mayor nivel de informalidad. Así, en 2021, un 88.7% de estas fueron informales, cifra mayor al 84.3% de informalidad registrado en las mypes dedicadas a la producción y al 84.7% correspondiente a las de comercio. Incluso, al evaluar la evolución del nivel de informalidad de las mypes de servicios, observamos que, en 2007, el 88.7% de estas fueron informales, cifra similar a la registrada en 2021.

Las cifras demuestran la situación en la que se encuentran las mypes de servicios, las cuales están en peores condiciones respecto de los otros dos rubros mencionados. Por ello, contar con políticas que impulsen su formalización, con especial énfasis en las de servicios, es fundamental para la mejora de las condiciones en las que se desempeñan, y consecuentemente, para incrementar el crecimiento económico.

Según el documento Políticas para la formalización de las micro y pequeñas empresas en América Latina, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), algunos factores que determinan el nivel de informalidad están relacionados con la heterogeneidad productiva y la persistencia de brechas de productividad entre sectores y empresas de distinto tamaño. Además, según la OIT, los factores institucionales y las políticas públicas también influyen en los costos y beneficios de la formalización de las empresas, así como en las relaciones laborales en las entidades productivas.

Entre las causas de la informalidad de las micro y pequeñas empresas se encuentran la baja productividad, los altos costos de ser formal, la complejidad de procedimientos, la inadecuada regulación para las características específicas de los negocios, entre otros. Ante esta situación, las políticas públicas deben orientar los esfuerzos a reducir la informalidad, mediante el adecuado conocimiento del contexto en que se desarrollan las pequeñas empresas, así como el perfil del microempresario, el sector en que se desempeñan y sus necesidades.

Finalmente, el documento mencionado también señala que se deben asegurar incentivos para la formalización; sin embargo, esto debe ir de la mano con garantizar que las empresas y personas que cumplen las reglas también se beneficien de los sistemas creados por el Estado. Lo anterior implica que, si bien es necesario generar incentivos que impulsen a las empresas a formalizarse, también se deben perfeccionar los elementos incentivadores inherentes al funcionamiento correcto y eficiente del mercado y la institucionalidad pública.

[1] Entre las características evaluadas, se encuentran las prácticas contables, el tipo de propiedad, el uso de servicios básicos y las características del empleo.