El pasado 29 de diciembre, a través del Decreto Supremo N.° 382-2021-EF y en el marco de la anunciada Segunda Reforma Agraria, se aprobó la actualización de las tablas aduaneras, así como las modificaciones a la metodología para la determinación de los derechos variables que se aplicarían a los productos incluidos en la franja de precios: maíz amarillo duro, leche, azúcar y arroz.

En detalle, se observan los siguientes cambios al sistema. En primer lugar, los límites para la aplicación de los derechos variables a las importaciones han subido del 20% al 40% ad valorem CIF. Este incremento generaría mayores niveles de derechos cuando el precio de los productos agropecuarios cae. De esta manera, se encarecerían los productos perjudicando a los consumidores.

En segundo lugar, para el maíz amarillo y la leche se ha ampliado el periodo de la serie de precios internacionales de referencia para la construcción de la franja. El periodo usado anteriormente era de 60 meses y ahora será de 120 meses. La ampliación de la serie generaría distorsiones pues podría alcanzar periodos de precios internaciones altos facilitando la activación de los derechos variables en la coyuntura actual.

En el caso específico del maíz amarillo duro, se observa que los precios internacionales del maíz amarillo argentino y del Golfo de Estados Unidos, que se utilizan como referencia para las tablas aduaneras, superaron los US$ 200 por tonelada entre noviembre de 2013 y junio de 2014, según el FPMA Boletín de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Así, al alcanzar periodos de precios internacionales altos, facilitaría la activación de los derechos variables.

Tercero, en el caso de la leche, se ha realizado una modificación metodológica más directa, a fin de elevar el límite inferior de la franja, que determina la generación de derechos variables para este producto. Esta metodología se utilizó anteriormente en el caso del arroz, generando una mucho mayor protección. Según el Decreto Supremo publicado, este cambio regiría hasta el 31 de diciembre de 2022.

En cuarto lugar, para el caso del arroz, no se ha realizado la actualización de la tabla aduanera, y se mantiene la publicada el 5 de julio de 2018 (aprobada mediante Decreto Supremo N.° 152-2018-EF) hasta el 30 de junio de 2022. Es decir, la franja del arroz no se actualiza desde hace 2 años y medio; por ende, basa su funcionamiento en precios internacionales que no consideran los últimos 30 meses. En cambio, la actualización de la tabla aduanera en los demás productos ha sido semestral.

¿CÓMO HA IMPACTADO LA FRANJA DE PRECIOS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL?

La producción nacional no ha presentado mayores mejoras en los últimos años, menos aún en su competitividad. Al ver la serie de la producción nacional de productos a los que se aplica la franja de precios, se observa el componente estacional en los niveles de producción, pero con ningún cambio en lo que respecta a incrementar su productividad y rendimiento. 

Por el contrario, durante la vigencia de la franja, esta se ha activado numerosas veces, pero la producción nacional no ha presentado mejoría, lo que podría indicar que el verdadero problema no son las distorsiones provenientes del extranjero. Asimismo, es importante resaltar que la producción nacional no satisface la demanda de los peruanos.

Si solo se consumiera productos nacionales, el precio del producto para el consumidor aumentaría, dada la escasez. Es gracias a la importación que aumenta la oferta del producto, lo que evita aumentos en los precios.

No tiene sentido efectuar ajustes a la franja de precios, ya que los precios internacionales están muy por encima de los nacionales. Por el contrario, dichas protecciones desincentivan a los actores en la cadena de valor de estos productos. El problema real en la agricultura del país está más orientado a la falta de infraestructura, la calidad y el uso de semillas, así como a la falta de acceso a financiamiento, asistencia técnica y riego tecnificado.

Para mejorar la situación de los productores nacionales, se debe potenciar la productividad de los campos agrícolas a través de las propuestas antes mencionadas, y no recurrir a medidas proteccionistas que no atacan el problema de fondo de infraestructura y productividad del sector agrícola, lo que muchas veces perjudica a los consumidores.