En el Congreso de la República se vienen discutiendo propuestas legislativas que tendrían serias consecuencias para el desarrollo económico del país. Dos sectores claves —energía y minería— podrían verse gravemente afectados si se aprueban proyectos que, lejos de impulsar mejoras, introducen riesgos innecesarios y abren la puerta a distorsiones legales y económicas. 

Por un lado, preocupa el proyecto de ley que propone establecer una servidumbre minera en favor de personas que realizan minería pequeña o artesanal, permitiéndoles usar terrenos de terceros sin necesidad de contar con el consentimiento del propietario, sin compensación justa y sin respetar los términos de la concesión vigente. En la práctica, esto significaría una expropiación encubierta. La Constitución peruana establece claramente que toda afectación a la propiedad privada debe venir acompañada de un justiprecio y cumplir ciertas condiciones legales. Saltarse ese marco pone en juego la seguridad jurídica y atenta contra los derechos de quienes hoy operan legalmente. 

Además, este proyecto se basa en una premisa muy frágil: el Reinfo —el Registro Integral de Formalización Minera— permite identificar a los mineros formales o en vías de formalización. La realidad es otra. El Reinfo ha sido utilizado por muchos como un simple escudo para seguir operando en la ilegalidad, sin cumplir requisitos técnicos ni ambientales. Legalizar el acceso a terrenos privados a partir de este registro no solo legitimaría actividades fuera del marco legal, también facilitaría la expansión de la minería ilegal, con todos los impactos sociales y ecológicos que ya conocemos. 

No olvidemos que, recientemente, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que el Estado se abstenga de emitir normas que exoneren de responsabilidad penal a quienes cometan delitos relacionados con la minería ilegal. 

Por otro lado, está el proyecto que propone elevar el reparto de utilidades para los trabajadores del sector eléctrico y modificar las reglas de reparto para todas las empresas del país. Aunque en apariencia pueda sonar como una medida justa para los trabajadores, en el fondo implica un desincentivo a la productividad. Alterar las reglas de juego sin un análisis técnico riguroso llevaría no solo al incremento de las tarifas eléctricas, sino a que las empresas pierdan competitividad y reduzcan sus inversiones, lo que afectaría a largo plazo tanto el empleo como la sostenibilidad del propio sector energético. 

Ambas propuestas tienen algo en común: nacen sin un debido sustento técnico ni una visión integral de desarrollo, y con un enfoque más político que responsable, lo que genera inseguridad jurídica y debilidad institucional. 

El Perú necesita leyes que promuevan inversión. Necesitamos un Congreso que legisle con la mirada puesta en el futuro, no en los aplausos fáciles del presente. Lo que está en juego no es solo el éxito de un sector o el interés de unos pocos. Lo que está en juego es el rumbo económico de todo un país.