En un contexto de baja productividad y alta informalidad, el Índice de Burocracia 2025 revela cuánto tiempo y recursos pierden las empresas peruanas enfrentando un Estado lento y redundante.

En el Perú, emprender y sostener una empresa formal implica enfrentarse a un laberinto administrativo que consume tiempo, energía y competitividad. Cada trámite, permiso o licencia se convierte en una prueba de resistencia que desincentiva la inversión y limita la productividad. En ese contexto, el reciente Índice de Burocracia 2025, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, de la Universidad de Florida, ofrece una radiografía de cómo los excesos regulatorios continúan sofocando a la mediana empresa, ese motor esencial del empleo formal y la innovación en la economía peruana.

El índice revela que, pese a los avances tecnológicos y las agendas de simplificación administrativa, América Latina sigue atrapada en una burocracia que obstaculiza más de lo que facilita. En promedio, los procedimientos para abrir y operar una empresa demandan meses de trabajo, lo que resta horas productivas a la innovación y al crecimiento.

Abrir una empresa mediana en la región exige 1,850 horas de gestiones, y mantenerla formal demanda 1,577 horas anuales adicionales dedicadas al cumplimiento de obligaciones administrativas, tributarias y laborales. En total, ello equivale a cerca de ocho meses laborales invertidos exclusivamente en trámites. El costo económico asociado asciende a US$ 4,000 para la apertura y US$ 5,800 anuales para su funcionamiento, lo que representa un impacto potencial equivalente al 13% del PBI y al 42% de las exportaciones de los países evaluados, principalmente en América Latina.

Los mejores resultados se observan en Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay, donde la digitalización de registros, la interoperabilidad de sistemas y la eliminación de redundancias administrativas han reducido de forma sostenida los costos para operar. En cambio, gran parte de los países evaluados continúan atrapados en una burocracia que, lejos de garantizar orden y transparencia, se ha convertido en un freno estructural para la productividad y la formalización.

El caso peruano: progreso parcial, rezagos estructurales

En el ranking del índice, el Perú forma parte del conjunto de países con mayor nivel de tramitología empresarial, junto con Argentina, Chile y Colombia, situándose en el tercer puesto por número de horas dedicadas a gestiones (3,471 anuales, equivalentes a unos 145 días). Este nivel de tramitología supera ampliamente el promedio regional y refleja una estructura estatal que aún dificulta la operación cotidiana de las empresas formales.

Aunque el país figura entre los que muestran mejor desempeño relativo en la etapa de funcionamiento, este avance resulta insuficiente frente a los rezagos en la fase de apertura, donde los permisos municipales y las inscripciones en registros nacionales son los más lentos y costosos en tiempo. El componente laboral representa, además, la principal carga burocrática, con un peso relativo superior al 40%, casi el doble del promedio global (22%), y genera cerca de 57 días de trámites solo en esa dimensión.

La burocracia no solo implica trámites, sino horas de productividad perdidas que podrían destinarse a generar valor, innovar o crear empleo. En economías como la peruana, donde la informalidad laboral aún supera el 70%, este lastre se traduce en menor recaudación, menor inversión y una productividad estancada. La evidencia es clara: reducir trámites no es un objetivo administrativo, sino una política económica de primer orden.

Reducir la burocracia no solo requiere voluntad política, sino una estrategia institucional sostenida. Los países que han logrado avances, como Uruguay, Costa Rica y Ecuador, comparten tres elementos clave: digitalización total de trámites, interoperabilidad entre entidades públicas y plazos administrativos vinculantes. Estas medidas no solo simplifican la experiencia empresarial, sino que también reducen oportunidades de corrupción y fortalecen la confianza en las instituciones.

Para el Perú, el desafío pasa por transformar la simplificación administrativa en una política de competitividad. Consolidar plataformas únicas estatales como Gob.pe Empresas, establecer el silencio administrativo positivo[1] y unificar los permisos entre Gobiernos locales y ministerios productivos serían pasos concretos para liberar tiempo y recursos del sector privado. Asimismo, vincular la reducción de trabas con metas medibles y acciones vinculantes del Plan Nacional de Competitividad y Productividad permitirían dar seguimiento a los avances y alinear los esfuerzos públicos con la agenda de inversión y formalización.

La modernización burocrática debe dejar de ser una promesa recurrente y convertirse en un eje transversal de la política económica. De lo contrario, la tramitología seguirá actuando como una carga invisible que erosiona la productividad y perpetúa la brecha entre el potencial empresarial del país y su realidad. Mientras el Perú siga atrapado en un sistema de trámites lentos, redundantes y poco transparentes, su productividad permanecerá anclada y la formalización seguirá siendo una meta lejana.

[1] El “silencio administrativo positivo” es un principio legal según el cual, si una entidad pública no responde dentro del plazo establecido a una solicitud, esta se considera automáticamente aprobada.