De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), 1,829 de las 1,891 comunas existentes a nivel nacional reportaron requerir capacitación o asistencia técnica para desarrollar de manera adecuada sus funciones. En ocho regiones, todas las municipalidades necesitan apoyo del Gobierno nacional en al menos una función. Entre las temáticas más urgentes destacan, debido a su relevancia, la gestión de procedimientos administrativos, la evaluación de riesgos de desastres y la administración tributaria municipal. 

Cada año, una proporción significativa de municipios reporta requerir capacitación o asistencia técnica, pero la cifra interrumpió la tendencia a la baja que se registraba desde 2022. En promedio, este año, cada comuna solicitó acompañamiento del Gobierno nacional en 17.1 de 24 funciones evaluadas. En 2019, apenas lo requerían en 11.8 funciones. Es decir, los municipios han perdido capacidades de gestión autónoma, debido a problemas en articulación o deficiencias de los equipos técnicos. 

Existen varios factores que explican el deterioro de capacidades, pero destaca la ausencia de planificación municipal. En 2025, apenas el 40.1% de las comunas implementó un Plan Estratégico Institucional, que establece objetivos, orienta el plan operativo y la asignación del presupuesto. Asimismo, apenas un 29.6% tuvo un Plan de Desarrollo Municipal Concertado, que define prioridades de inversión y servicios públicos, pese a que, en 2022, el 67.6% de los municipios contaba con uno. 

En la misma línea, apenas el 65.5% de los municipios tiene implementado un Manual de Perfiles de Puestos (MPP), que establece requisitos mínimos para cada cargo. La ausencia del MPP limita la meritocracia de los funcionarios y habilita la arbitrariedad en procesos de selección, situación que habría permitido que ahora existan más trabajadores bajo locación de servicios que antes de la pandemia (41.3% de los trabajadores operaron bajo locación en 2025). Y que apenas el 15.2% de las comunas disponga de un Plan de Desarrollo de Capacidades para el personal para revertir las deficiencias en los equipos técnicos. 

La proporción de municipios que requiere capacitación o asistencia técnica en al menos una función es elevada en todas las regiones, y alcanza su máximo en Madre de Dios, Callao, Lambayeque, Lima, Ica, Tumbes, Moquegua, Ucayali y Tacna, donde afectó a todos los municipios. Apurímac reportó el mejor resultado con el 91.8% de las comunas (78 de 85) solicitando apoyo. Si bien la cifra disminuyó ligeramente respecto de la etapa prepandemia, se reportó un retroceso en una mayor cantidad de funciones. 

El departamento más rezagado en competencias de gestión municipal fue Madre de Dios, donde todas las comunas requieren capacitación o asistencia técnica. Y, en promedio, cada una solicita apoyo en 20.7 de 24 funciones, lo que representa el mayor retroceso respecto a la situación prepandemia. El segundo peor desempeño se registró en Tumbes, con un requerimiento promedio de capacitación o asistencia técnica en 19.5 funciones, seguido por Lambayeque (18.6 funciones). 

Pero ¿en qué funciones solicitan apoyo?

8 de cada 10 municipalidades solicitan capacitación o asistencia técnica en materia de implementar el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, la gestión de procedimientos administrativos, la administración tributaria municipal, la evaluación del riesgo de desastres y el sistema de focalización de hogares. Cabe resaltar que, respecto de antes de la pandemia, la proporción de comunas que solicita apoyo aumentó en cada función.  

En relación con la etapa prepandemia, la función con mayor retroceso fue la gestión del control gubernamental (auditorías y control interno), donde la proporción aumentó del 46.7% al 78% entre 2019 y 2025. Es decir, un total de 599 municipalidades más solicitaron capacitación o asistencia técnica en esta materia. La segunda fue la metodología de implementación del portal de transparencia estándar, con un aumento del 44% al 73.7% de las comunas durante el mismo periodo. 

Estos retrocesos limitan la transparencia en la gestión municipal, lo que dificulta la identificación y sanción de actos de corrupción. Así, una mayor cantidad de comunas estaría incumpliendo las recomendaciones de la Contraloría de la República y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe resaltar que, anteriormente, la Contraloría había identificado que 422 municipios tienen riesgo medio alto o alto de corrupción e inconducta funcional, con lo cual se convierten en el nivel de gobierno más vulnerable en esta materia. 

Es responsabilidad del Gobierno nacional resolver estas deficiencias. Como reconoce la Ley Orgánica de Municipalidades, cada comuna es autónoma, pero los ministerios deben brindar asistencia técnica y capacitación para el debido desarrollo de sus funciones. Esta debe ser otra prioridad del Ejecutivo porque, de lo contrario, no podrá implementar correctamente las estrategias que promueva, debido a la ausencia de soporte a nivel local.