El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 130-2022-PCM, que pone fin al estado de emergencia. Un anuncio esperado por todos y muy necesario, dado que este se mantenía sin ningún sustento técnico. Es inaceptable que haya persistido una injustificada restricción a las libertades de los ciudadanos por tanto tiempo.

Sin embargo, la norma incluye una disposición complementaria que dispone que el Gobierno Nacional, los Gobiernos regionales y locales promueven el uso facultativo de mascarillas, de vacunación y otras medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades, con relación a la emergencia sanitaria, para lo cual el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial, dicta las disposiciones que resulten necesarias. Ello genera serias dudas sobre la vigencia de ciertas normativas y protocolos, además de restar predictibilidad sobre el desarrollo de la actividad privada. ¿Por qué siempre les cuesta tanto ser claros?

Además, es importante indicar que el estado de emergencia sanitaria se mantiene. Ello implica, por ejemplo, que las autoridades podrán comprar bajo el sistema de adjudicación directa sin licitaciones. ¿Qué está detrás?

Mas allá de todo esto, si bien llegamos al fin de la pandemia, no debemos olvidar el mal manejo del Gobierno peruano para hacerle frente y los terribles efectos de la contención de la pandemia sobre la economía y el empleo, de los cuales aún no terminamos de recuperarnos.

Muy importante es que la pandemia expuso también la precariedad del sistema de salud. La mayor tasa de mortalidad en el mundo y el colapso del sistema de salud es algo que nunca olvidaremos, pero ¿se ha hecho algo al respecto? La respuesta es un contundente no.

En nuestro país, el Estado controla la salud, pues atiende al 91% de los peruanos y sus camas hospitalarias representan el 84% del total. A pesar de ello, 9 de cada 10 establecimientos de salud pública no tienen la infraestructura ni el equipamiento adecuado, 9 de cada 10 establecimientos del Estado mantienen historias clínicas de papel y 1 de cada 2 establecimientos de primer nivel de atención no cuentan con un médico. Además, ante los problemas de desabastecimiento de las farmacias del sector público, los pacientes tienen que gastar dinero de sus bolsillos para comprar tratamientos y se automedican, con los riesgos que esto conlleva.

La salud pública es un sistema fragmentado, ineficiente y carente de innovación, sin infraestructura adecuada, personal suficiente ni medicamentos para los pacientes, y todo ello hace que el servicio que reciben los ciudadanos sea de pésima calidad. 

No se ha aprendido nada de la pandemia. No solo no se ha avanzado en la urgente reforma del sector que permita construir un sistema público de salud que ofrezca un servicio digno y de calidad para los peruanos, sino que se vienen debilitando aún más las capacidades institucionales del sector por la corrupción y la destrucción de la tecnocracia.