La falta de liderazgo para abordar temas económicos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, viene generando incertidumbre, desconfianza y parálisis en nuestra economía. La conflictividad política no permite a nuestras autoridades ver con claridad el panorama económico en el que estamos. Hemos llegado a una situación insostenible, en la que ponemos el futuro del Perú en juego, con normas y acciones que vulneran los principios constitucionales de la economía social de mercado. Urge corregir el rumbo y priorizar lo económico, ya que solo recuperando el dinamismo del crecimiento lograremos generar empleo, oportunidades para la población y reducción de la pobreza. No hacerlo traerá grandes riesgos de cara a las elecciones de 2021.

Vemos una total descoordinación y falta de liderazgo, a la que se suma un “tira y afloja político” entre Ejecutivo y Legislativo, para priorizar una ley que es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Esta es la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria, la cual, de manera inexplicable, quedó excluida del Pleno Agrario convocado por el presidente del Congreso.

Esta norma, vigente desde 2004, ha generado un círculo virtuoso de desarrollo en las zonas rurales del Perú, que llamamos “la revolución social del agro”. Una verdadera revolución de inversión privada que ha generado empleo, formalidad, productividad, reducción de pobreza, fortalecimiento de la participación de la mujer, e ingresos tributarios para el Estado. Una ley promotora y pieza angular del boom de la agroexportación en nuestro país, que pasó de exportar US$ 643 millones en 2004 a US$ 6,651 millones en 2018, con un crecimiento promedio anual del 15% por casi 20 años. Son más de 4,000 empresas las acogidas a este régimen, que han apostado por el agro peruano y por llevar sus capitales a las zonas rurales del país, donde el Estado está poco o nada presente. Más de 800,000 empleos formales generados, un salto del 19% en la tasa de formalidad en la costa rural. Todo eso es lo que está en riesgo.

Esta ley, que vence en 2021, y que por la incertidumbre sobre su prórroga no provee seguridad jurídica para la atracción de nuevas inversiones —además del estancamiento de los proyectos de irrigación—, cuenta con un predictamen aprobado en la Comisión Agraria del Congreso, liderada por el congresista Federico Pariona, que la extiende hasta 2031, eleva la remuneración diaria, así como la tasa de EsSalud, entre otros ajustes. Además, a propuesta del Ejecutivo, incluiría al sector forestal. Sin embargo, esta norma no está siendo priorizada, lo que pone en juego el futuro del boom agroexportador de nuestro país.

Ante esta situación, ya vemos como otros países en la región han visto la oportunidad de atraer capitales, mediante la generación de incentivos para la inversión agrícola, como lo está haciendo Colombia. Así, la inoperancia de nuestras autoridades hace que perdamos enormes oportunidades de seguir generando desarrollo y bienestar en las zonas rurales del Perú.

Esperamos se revierta esta decisión y, en los próximos días, nuestras autoridades asuman el liderazgo para las que fueron elegidas y prioricen políticas como la Ley de Promoción Agraria, que permitirá recuperar el dinamismo de la inversión en nuestro querido y golpeado Perú.