Desde hace casi un año, el Gobierno viene dictando una serie de medidas para contener la pandemia, a través de normas legales poco claras y difíciles de entender. Con cada publicación de estas, han surgido infinidad de dudas y consultas que no permiten asegurar su cabal cumplimiento.

Es común tener que esperar a que ministros salgan a explicar o “traducir” la norma publicada o que las asociaciones empresariales debamos remitir comunicaciones a autoridades solicitando aclaraciones para entender cómo operar bajo las nuevas medidas o, incluso, esperar un post en redes sociales de alguna autoridad para clarificar lo dispuesto por el Gobierno.

Esta falta de predictibilidad y claridad en los mensajes ha generado una infinidad de problemas, como las múltiples interpretaciones por parte de diferentes autoridades regionales y locales, lo cual genera actuaciones discrecionales que afectan la actividad económica y a los consumidores.

Si bien el actual Gobierno viene abordado de alguna manera este problema, a través de infografías que producen sobre las medidas por niveles de contagio, aún queda un largo camino por recorrer para que las normas sean claras, sencillas y que cualquier ciudadano las pueda entender, para así facilitar su cumplimiento.

Basta un ejemplo: el Decreto Supremo 036-2021-PCM, que extiende el Estado de Emergencia y dicta las restricciones del 01 al 14 de marzo, ha generado incertidumbre y dudas. Por un lado, si bien se ha dispuesto la inmovilización social obligatoria los domingos, surge la duda sobre si los establecimientos comerciales (mercados, supermercados, bodegas, restaurantes y tiendas) podrán funcionar bajo el formato de entrega a domicilio (delivery). Por otro lado, ¿pueden las farmacias y boticas atender las 24 horas, todos los días de la semana, en forma presencial o por reparto a domicilio?

A la falta de claridad de las normas debemos añadir que aún seguimos sin incorporar las “lecciones aprendidas”. Una de ellas es que la reducción de ventanas horarias genera aglomeraciones y, por tanto, mayor riesgo de contagio. La norma en cuestión dispone que tres horas antes del toque de queda los establecimientos deben cerrar en las regiones de riesgo extremo, lo cual reduce en gran medida la ventana de horario permitida. Las empresas podrían operar, como ha venido sucediendo, hasta una hora antes del cierre con personal mínimo e incluso con aquellos que vivan más cerca del local comercial, lo que brinda más tiempo a las familias para realizar sus compras después de su jornada laboral.

Desde el inicio de la pandemia, el sector privado ha estado a disposición del Gobierno para trabajar de manera conjunta y enfrentar esta crisis sanitaria. El sector formal cumple de manera estricta con las medidas dispuestas y ha invertido grandes recursos para asegurar el cumplimiento de los protocolos, a fin de operar preservando la salud de trabajadores y ciudadanos. El éxito en lograr la contención de la pandemia y la preservación de los empleos está, sin duda, en seguir trabajando juntos bajo reglas transparentes y predecibles.