La “mejora regulatoria” debe entenderse como una política pública que debe funcionar como premisa de desarrollo de cualquier intervención pública, a fin de garantizar la consecución de sus principales objetivos al mínimo costo.

Han sido importantes los esfuerzos realizados en los últimos tiempos para implantar una cultura de mejora regulatoria en el país, y para recoger en el ordenamiento jurídico los principales instrumentos y principios de su aplicación. No obstante, aún existen retos pendientes que podrán ser únicamente abordados si se mantiene un elevado compromiso político al respecto. Y es que el papel aguanta todo.

Por aplicación del Decreto Legislativo 1310, el Ejecutivo ya se encuentra obligado a efectuar un análisis de calidad regulatoria de sus procedimientos administrativos. Si bien hay avances al respecto, aún no se percibe que los funcionarios públicos hayan interiorizado la real importancia de esta metodología, con el riesgo de que simplemente se convierta en una etapa más del procedimiento de formulación regulatoria.

De otro lado, el Decreto Legislativo 1448 incluye el análisis de impacto regulatorio como un instrumento de mejora regulatoria, pero aún no se reglamenta su aplicación, por lo que seguimos perdiendo la oportunidad de contar con un estándar que definitivamente marcará una diferencia en la forma de gobernanza pública.

Ejemplos de casos exitosos de agencias estatales en materia de impacto regulatorio los podemos encontrar en varios países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si realmente existe un compromiso político del país de formar parte de este grupo, uno de los temas en donde debiera ponerse mayor énfasis es justamente este. Y el Congreso debería asumir compromisos similares.

En caso contrario, seguiremos contando con regulaciones intrascendentes, poco informadas y basadas en nula evidencia, que no solo carecerán de efectividad, sino que demandarán recursos públicos innecesariamente.