El Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral, lo que nos resta competitividad e incentiva la informalidad. En el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, nos ubicamos en el puesto 83 de 141 economías en el pilar de flexibilidad, y el puesto 134 en prácticas de contratación y despido. Ante los altos costos que esto genera, sumados a la baja productividad, muchas empresas optan —o no tienen otra alternativa— por tener a sus trabajadores de manera informal.

Según el BCRP, la informalidad laboral en el Perú ascendería al 72.5% al finalizar el año. Ello quiere decir que 7 de cada 10 trabajadores no tienen derechos laborales, están desprotegidos, no tienen acceso al sistema de salud y no tendrán una pensión de jubilación. Esa es la realidad del Perú y el verdadero desafío. Pero ¿quién defiende a estos trabajadores? ¿Acaso el Estado cumple su rol fiscalizador protegiendo a estos ciudadanos? ¿Acaso los programas sociales están dirigidos a generar mayores capacidades productividad de trabajadores y empresas? Es claro que no.

En el sector agrario, el 96% del empleo es informal. Ello incluye a muchas familias que trabajan en sus tierras, que no reciben un salario, que viven del autoconsumo y que hoy no tienen ningún derecho laboral. Si solo consideramos a aquellos trabajadores asalariados, es decir, que reciben una remuneración por su trabajo, la informalidad del empleo fue del 73% en 2019. En la costa la informalidad es del 54%, mientras que en la sierra y selva es del 95%.

El régimen agrario es precisamente el que ha permitido aumentar la formalidad en la costa, como ningún otro sector, ya que otorga flexibilidad en la contratación. Esto es importante, además, por la naturaleza estacional de la actividad que, con el régimen general, por la rigidez para la contratación y el despido, sería imposible. Durante la cosecha de un cultivo se puede requerir 500 trabajadores, pero mientras este crece solo es necesario contratar 50.

Además, los logros del sector agroexportador con el régimen agrario son claros: generación de más de 800,000 empleos formales (directo e indirectos), reducción de la tasa de pobreza en la actividad agrícola del 82.6% en 2000 al 34% en 2019, y reinversión de utilidades que ha permitido seguir expandiendo la actividad y, con ello, los empleos formales.

En conclusión, el gran reto que tenemos por delante es generar políticas laborales que favorezcan la contratación, no que la hagan más complicada o costosa, porque ello solo perjudica al trabajador que termina en la informalidad. Además, generar programas que fomenten la formalidad y que deben estar alineados con la mejora de la productividad, como la capacitación técnica. ¿Por qué acabar con un régimen que por su flexibilidad ha sido exitoso en lograr formalidad? ¡Deberíamos replicarlo!