La pandemia ha evidenciado la debilidad de los Gobiernos regionales y locales. Desde la distribución de las canastas para la población vulnerable hasta la ejecución del presupuesto para hacer frente a la crisis sanitaria, han mostrado una pésima gestión y es momento de repensar dicho proceso.

Esta reforma nació ya con problemas en el gobierno de Alejandro Toledo, en 2002, cuando se crean los Gobiernos Regionales (Gore), pero se mantuvieron los departamentos. Asimismo, fracasó la consulta popular para la creación de las cinco macrorregiones. Durante el gobierno de Alan García se produjo el “shock descentralista” y se aceleró el proceso de transferencia de funciones con escaso control y planificación. Posteriormente, se incluyó el presupuesto por resultados y el plan de incentivos municipales, y se crearon tanto el Gore Ejecutivo como el Muni Ejecutivo. A partir de entonces, poco ha cambiado.

La realidad ha mostrado una falta de capacidades de gestión, problemas de fiscalización y transparencia, escasa articulación con el sector privado y, qué duda cabe, corrupción. Esto se refleja en el uso ineficiente de los recursos que debieron ser destinados para proveer servicios públicos de calidad como educación, salud, saneamiento para los ciudadanos; la burocracia excesiva con trámites heterogéneos que solo complican el ambiente de negocios en el país y las plataformas políticas en las que el interés particular está por encima del bienestar de la población.

Basta ver la ejecución del presupuesto de salud de 2019, en el cual Cusco, Ayacucho y Arequipa tienen niveles del 71%, 74% y 77%, respectivamente, o de saneamiento, en el que Amazonas, Áncash, Cajamarca, Ica, Junín y Piura ni siquiera llegan al 50%. Si observamos el presupuesto COVID-19, 12 departamentos (Moquegua, Ayacucho, Amazonas, Cusco, Huánuco, Apurímac, Madre de Dios, Junín, Tumbes, Loreto, Lima, y Áncash) ni siquiera han comprometido el 50% de los recursos. Realmente inaceptable.

Además, en los últimos meses, las casi 200 provincias y 2,000 distritos del Perú han generado obstáculos para la reactivación económica, con normas que no solo no fueron coordinadas con el Ejecutivo, sino que exigen requisitos absurdos que ocasionan trabas a muchos negocios y cobros excesivos en multas en un contexto de crisis económica.

Por otro lado, la incompetencia de los Gobiernos regionales ha frenado importantes proyectos de inversión que generarían cientos de empleos, recursos y oportunidades de desarrollo en las provincias. Se ha anunciado que el proyecto de irrigación Chavimochic III será transferido para su ejecución por el Minagri, y ojalá ocurra lo mismo con Majes-Siguas II, proyectos claves para promover el desarrollo agroexportador, que genera empleos para miles de familias rurales.

Es momento de repensar el modelo de descentralización y devolver algunas facultades al Gobierno central, con el único objetivo de ser más eficientes en el uso de recursos y lograr una mejor ejecución de proyectos de inversión y provisión de servicios públicos para todos los peruanos.