Hace unos días, el Indecopi anunció el inicio de un procedimiento sancionador contra un grupo de empresas y personas naturales por indicios de prácticas contrarias a la competencia en compras públicas de productos farmacéuticos.  

El procedimiento apenas se inicia, las alegaciones deberán probarse y las partes, en ejercicio de su derecho de defensa, tendrán que refutar las acusaciones. Pero, si después del procedimiento se determina algún nivel de culpabilidad, se debe aplicar la ley con rigor y sancionarse lo que debe ser sancionado, de manera ejemplar. 

Continuaremos defendiendo la importancia de la inversión privada, pero siempre dentro de un marco de libre y leal competencia. Las malas prácticas, que son siempre una minoría, no pueden ser encubiertas; menos aún en un sector tan importante. ¡Con la salud no se juega! 

Pero esta noticia no puede ser usada por el ministro de Salud para justificar una gestión opaca y carente de resultados. Dos de los pilares más importantes para mejorar la competitividad y el bienestar de la ciudadanía son la educación y la salud. Y la gestión del Gobierno en estos aspectos deja mucho que desear. 

Actualmente, casi el 100% de los ciudadanos cuenta con un seguro de salud (al menos nominalmente) y más del 90% corresponde al Estado (entre el SIS, EsSalud y las sanidades de las FF. AA. y la PNP), pero los servicios, en líneas generales, son paupérrimos. Por ello, la mayoría de las personas que se enferman buscan atención en las farmacias, antes que en los establecimientos de salud. 

No se implementan políticas de salud a largo plazo, que trasciendan Gobiernos. Los aumentos de cobertura prestacional no están acompañados por una cobertura financiera suficiente, lo que lleva a un incremento del gasto de bolsillo. La alta rotación de funcionarios es perniciosa. El promedio de duración de los últimos ministros de Salud y del presidente ejecutivo de EsSalud ha sido de 5 y 4 meses, respectivamente. Lo vemos en los bajos niveles de implementación de la historia clínica electrónica y de las redes integradas de salud (RIS), en infraestructura y equipamiento inadecuados, en la deficiente capacidad de ejecución presupuestal y en el limitado acceso a medicamentos. 

Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Si la evidencia demuestra que las principales falencias del sistema de salud en el país vienen del sector público, es ahí donde debe orientarse la reforma, y no seguir apuntando a culpar al sector privado, como lo hace el ministro. 

Por el contrario, es mucho lo que podría aportar el sector privado para el cierre de brechas del sector. Las experiencias exitosas con Salog e IBT, en cuanto a la logística y el manejo de establecimientos de EsSalud, deben replicarse masivamente a nivel nacional. 

Es esencial que cualquier medida se fundamente en análisis técnicos y no en intereses populistas, como ocurrió con la reciente discusión de los genéricos. 

Próximamente, daremos a conocer información de un estudio encargado a Videnza Consultores sobre el estado de la salud en el Perú, con propuestas concretas de mejora, a fin de que puedan ser considerados en el mensaje presidencial. 

Nos merecemos una reforma de salud seria y bien sustentada. ¡Y que comience ya!