Los conflictos sociales en nuestro país sumaron cinco nuevos casos en enero de 2022. Según la Defensoría del Pueblo, deben ser entendidos como un proceso complejo en el que los diferentes sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses o necesidades son contradictorios.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, con los cinco nuevos conflictos sociales en enero de 2022, estos suman un total de 203, de los cuales 154 son activos y 49 están latentes. Respecto de la competencia del Gobierno en la atención de los conflictos sociales registrados, los principales recaen en el Gobierno nacional, con 127 casos (62.6%); le siguen los Gobiernos regionales, con 54 casos (26.6%); y los Gobiernos locales, con 17 casos (8.4%).

Otro aspecto importante para considerar es el tipo de conflictos que actualmente se tienen. Así, los conflictos socioambientales tuvieron predominancia, con 132 casos en enero (65%). Le siguen los comunales, con 20 casos (9.9%); y los de asuntos de Gobierno regional (13 casos; 6.4%), nacional (11 casos; 5.4%) y local (8 casos; 3.9%). 

Del total de conflictos sociales registrados (activos y latentes) hasta enero de 2022, 29 se encuentran en el departamento de Loreto (14.3%). Le siguen Cusco, con 20 casos (9.9%); Áncash (15 casos; 7.4%); Puno (14 casos; 6.9%); Apurímac (13 casos; 6.4%) y Piura (11 casos; 5.4%).

En lo que respecta a los socioambientales, el 65.9% (87 casos) corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. Le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas (19.7%; 26 casos) y los relacionados con residuos y saneamiento (6.1%; 8 casos).

Los departamentos del sur del país registran el mayor número de conflictos sociales relacionados con la actividad minera, lo que coincide con la mayor participación que estos departamentos tienen en la extracción de minerales. La percepción de contaminación ambiental y los acuerdos no cumplidos por parte del Gobierno y las empresas son identificados como las principales razones de los problemas.

Como hemos mencionado anteriormente, los problemas de falta de aceptación y legitimidad social que se expresan en acciones directas y protestas contra proyectos mineros en distintos departamentos del país han frenado parte importante de la cartera de inversiones. Esto no solo impacta en la reactivación económica, sino también en el potencial para la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la generación y transferencia de recursos que esta actividad entrega al Estado.

Respecto de los 154 conflictos activos registrados en enero de 2022, estos representaron un 6.2% más respecto de lo registrado en el mismo mes de 2021. Además, 95 se encuentran en proceso de diálogo hasta enero de 2022. De estos últimos, 77 corresponden a conflictos del tipo socioambiental (77 casos). Le siguen los de tipo comunal, con 9 casos (9.5%), y los de asuntos de Gobierno regional, con 4 casos (4.2%).

ACCIONES FRENTE A LAS PROTESTAS

Las protestas al interior del país, en varias oportunidades, han afectado no solo a los principales actores involucrados, sino también a los intereses nacionales que buscan brindar mayor bienestar a la población. Ejemplo de ello son acciones como obstaculizar vías de comunicación, impedir el libre tránsito de la ciudadanía, así como perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos o privados, o impedir la ejecución de obras autorizadas legalmente.

Si bien se reconoce el legítimo derecho a protestar frente a determinadas situaciones en las que se vulneran los derechos individuales o colectivos, los usos y costumbres de determinadas protestas no deben interferir en el correcto funcionamiento de los diversos sectores de la economía.

Los conflictos sociales deben ser abordados a través de canales de comunicación que permitan la participación de todos los actores involucrados, de manera que se tomen en consideración los intereses de todas las partes, además de que las vías de solución alcanzadas trasciendan a través del tiempo y no se vulneren con cambios en la administración de los Gobiernos subnacionales.

Solucionar nuestros problemas internos generará beneficios para diferentes sectores, pues la promoción de la cartera de inversiones, así como los recursos que estas generan, se traduciría en mejores servicios para el ciudadano y mayor bienestar para las familias.